Resumen: El juzgado de lo Penal ha dictado sentencia condenando al acusado como autor de un delito de robo con violencia en casa habitada, concurriendo la agravante de reincidencia y atenuante de reparación del daño, a la pena de cuatro años de prisión, y como autor de un delito leve de lesiones a la pena de tres meses de multa. La representación procesal del acusado interpone recurso no han de apelación que se funda en error en la valoración de la prueba y declaración de los hechos probados, no concurriendo los requisitos exigidos para la validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente la sentencia, se ratifica la valoración probatoria realizada en la instancia y concluye que se ha desvirtuado la presunción de inocencia y que la prueba decide la declaración de la víctima reúne los presupuestos que la jurisprudencia exige, La identificación del acusado se realizó desde el primer momento sin necesidad de acudir a composiciones fotográficas ni otras diligencias semejantes, teniendo en cuenta que la víctima y acusado se conocían.
Resumen: El Tribunal recuerda que La vulnerabilidad de la víctima es un dato que el legislador toma en consideración para dotar de más reprochabilidad al hecho, en función de la mayor desprotección de la víctima, aumentando la antijuridicidad. Vulnerabilidad de la víctima que puede provenir de las distintas circunstancias que describe la ley penal, que abarcan cualquier situación imaginable, al especificarse como la edad, que es la primera fase en el desarrollo vital que produce por sí misma especial vulnerabilidad, junto a otras circunstancias que, por razón de disminuir los resortes físicos o psíquicos de resistencia, ocasionan precisamente tal vulnerabilidad, como es la enfermedad o la discapacidad, en realidad una modalidad de enfermedad, pero con contornos propios, dada su permanencia, o cualquier "situación", que cierra el círculo de las posibilidades imaginables de especial vulnerabilidad. Bien entendido que no es suficiente con el dato fáctico de esa enfermedad que conlleva la agravación, sino su evidencia para el actuar del sujeto, que es lo que atrae la agravación por su aprovechamiento, ya que si no existe conocimiento de la vulnerabilidad por el sujeto, no existe este "aprovechamiento" que determina la agravación y el mayor reproche penal.
Resumen: Se estima el recurso en el que se plantea la revisión de la pena. Se rebaja la pena impuesta y al aplicarse la nueva regulación deberá imponerse además al condenado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. Derecho transitorio: incidencia de la LO 10/2022, 6 de septiembre. No se apreciaron en la sentencia otras circunstancias que debieran llevar a la exacerbación de la pena más allá del mínimo legal. Respeto de los criterios de individualización contenidos en la sentencia de condena.
Resumen: Confirma la condena por delito de asesinato por alevosía y con la agravante de ensañamiento. El apelante considera cometido un delito de homicidio, sin embargo se aprecia concurrente la circunstancia de alevosía como calificadora del delito de asesinato, circunstancia que requiere: 1) un elemento normativo, la circunstancia sólo puede proyectarse a los delitos contra las personas; 2) un elemento objetivo, la utilización por el autor de medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurar la acción, eliminando las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad; 3) un elemento subjetivo o dolo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, y sobre su voluntad de asegurar la ejecución e impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél; 4) un elemento teleológico, que impone la comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión. Concurre la agravante de ensañamiento que requiere: a) un elemento objetivo, causación de males objetivamente innecesarios para cometer el delito, aumentando el dolor o sufrimiento de la víctima; y b) un elemento subjetivo, el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado los actos dirigidos al aumento del sufrimiento de la víctima. No se aplican las atenuantes de confesión tardía y reparación del daño.
Resumen: Estafa en concurso de normas con delito de falsedad en documento privado. No es documento mercantil -falsificación por simulación de un contrato de arrendamiento de vehículo- Aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del Pleno de la Sala, STS 232/2022, de 4 de marzo. Se estima parcialmente el recurso y teniendo en cuenta, de un lado, las circunstancias de atenuación concurrentes, además del tiempo de duración del proceso fundamento principal de la rebaja en un grado operada, el esfuerzo reparador de los acusados, y de otro, las características de los hechos, en concreto la pluralidad de acciones que integran la continuidad, y el importe total de la defraudación, se fija la pena en dos años de prisión y 6 meses de multa. Se absuelve a los acusados del delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 390.1 2º y 392 CP, por el que venían condenados, declarando de oficio la parte proporcional de las costas de la instancia. Se recopilan los diferentes criterios jurisprudenciales para la configuración del concepto de documento mercantil, que no puede afirmarse de los contratos firmados en el presente procedimiento.
Resumen: La especial vulnerabilidad es una nueva definición de la agravante genérica de abuso de superioridad adecuada al concreto escenario donde se desarrolla la agresión sexual. El concepto equivale a la facilidad con que alguien puede ser atacado y lesionado y supone una manifiesta desventaja e imposibilidad de hacer frente al agresor. El control casacional de la presunción de inocencia se concreta en comprobar si la motivación fáctica supera el estándar exigible y si la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. El motivo casacional por infracción de ley exige así el más absoluto respeto del relato fáctico que se declara probado, pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad alterando la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad. Las cuestiones de competencia tienen en el proceso penal ordinario su cauce adecuado de proposición con anterioridad a la celebración del juicio, y su propio sistema de recursos. El elemento sustancial de esta atenuante de reparación del daño consiste en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos sea por la vía de la restitución, de la indemnización de perjuicios, o incluso de la reparación del daño moral.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: ha de entablar un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. No debe limitarse la casación a una reproducción mimética del recurso, ya desestimado, contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación. Individualización de la pena: la individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. Delitos continuados de abuso sexual sobre menor de dieciséis años. Singularidad de la circunstancia atenuante analógica de reparación del daño como muy cualificada. Debe examinarse cada caso concreto para comprobar si existe un plus que lo permita. Incidencia de la LO 10/2022. No procede la revisión. La conducta enjuiciada tiene su encaje actual en el art. 181.1, 2, 3, segundo inciso y 4 apartado e) CP. Recuerda la sentencia que conforme al FJ 3.3º STS -2ª- 20/2023, de 19 enero, sobre la concurrencia del art. 181.3 inciso segundo y el art. 181.4 letra e) del actual CP, cabe concluir que ahora el legislador castiga más gravemente el prevalimiento derivado de la confianza habida, a la cual se refería la sentencia de instancia en el FJ 5º apartado.
Resumen: Apreciación de la atenuante de reparación del daño como muy cualificada en el delito de abuso sexual por tocamientos a personas mayores de edad. Oposición de alguna de las perjudicadas a esa cualificación de la atenuante que el Tribunal desestima por entender que hay una secuencia paralela y de gran similitud en todos los supuestos por lo que la atenuante debe tener igual consideración. Determinación de la cuantía de la responsabilidad civil con los informes obrantes en autos que no limita la posibilidad de acreditación algún mayor perjuicio en el trámite de ejecución de sentencia. Nos encontramos en un proceso penal donde la norma procesal tiene la condición de ser de orden público, y la posición procesal del Servicio Aragonés de Salud es la de responsable civil subsidiario, no teniendo el ejercicio de la acción civil al no tener la condición ni de acusador ni de actor civil por lo que carece de legitimación para interesar que la responsabilidad civil de la Compañía de Seguros sea directa y no subsidiaria.
Resumen: Condena a un acusado como autor responsable de un delito de asesinato por alevosía. Acusado que, tras una discusión, apuñala mortalmente a otro. Acción de ataque que se produce con un cuchillo de cocina, de forma repentina e inesperada y sin que la víctima tuviera posibilidad alguna de reaccionar y defenderse, al tener sus capacidades muy mermadas por el consumo de bebidas alcohólicas. Acción homicida que revela la existencia de un ánimo de matar. Individualización de las penas. Reparación del daño. Responsabilidad civil derivada del delito. Determinación de su importe. Para determinar la cuantía de la reparación, ante la dificultad de objetivar el dolor causado a los familiares del fallecido, se acude a los baremos publicados para la valoración de los daños personales ocasionados por accidentes de circulación, de los que se hace una aplicación analógica, aunque corregidos al alza por el superior daño moral derivado de los delitos dolosos.
Resumen: Confirma la condena de las acusadas como autoras de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada. La sentencia se basa en la existencia de suficiente prueba indiciaria, requiriendo la misma, para enervar la presunción de inocencia, que: a) el hecho o los hechos base (indicios) estén plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito se deduzcan precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que motive el engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento resulte asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común. Es preciso que el proceso de deducción ofrezca un mínimo de seguridad, sin que ninguna otra posibilidad alternativa sea razonablemente verosímil, debiendo examinarse también la coartada que pueda ofrecer el acusado. En la prueba de la preexistencia de lo sustraído, no existen razones legales que impidan al Tribunal de instancia admitir a fines la propia declaración de la víctima. No se aplica la atenuante de drogadicción y sí la de reparación del daño que requiere que la reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, personal y voluntaria, no teniendo ese carácter la indemnización irrisoria en relación al daño producido y no acreditativa de esfuerzo alguno del autor por satisfacer a la víctima, ni la entregada o consignada por la aseguradora.
